quarta-feira, 16 de março de 2016

Entrevista ao Jornal Infobae/Argentina - Constituição, judiciário e combate à corrupção


Segue a entrevista completa que dei ao Jornalista Darío Mizrahí, do Jornal argentino Infobae. A reportagem está em  http://www.infobae.com/2016/03/13/1796697-por-que-la-justicia-brasil-no-le-tiene-miedo-los-poderosos

Como escrevi diretamente em espanhol, provavelmente deve ter muitos erros gramaticais pelos quais peço desculpas. Mas está inteligível, lhes garanto.

"INFOBAE:

Sorprende que haya jueces en Brasil que se animen a investigar y encarcelar políticos y empresarios que estan en la cúspide de su poder. Eso es impensable en otros países de la región.

¿A qué factores atribuye esa cualidad de la justicia de Brasil? ¿Qué le permite ser independiente del poder político y económico? 

BRUNO GALINDO:

No estoy cierto se de facto el poder judicial en Brasil tiene tan alto nivel de independencia de los poderes político y económico, como habla. Es un poder estatal de gran complexidad estructural y no está libre de esas influencias. Es necesario decir que hay muchas negociaciones políticas para los nombramientos de los cargos de juez en las cortes, de los tribunales estaduales y regionales hasta los superiores. Todos, sin excepción, dependen de opciones políticas que tienen la participación de las entidades clasistas, los propios integrantes de los tribunales y los jefes del poder ejecutivo estadual (gobernador) y federal (presidente). En tribunales de cúpula, como el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), son escogidos por el Presidente de la República, así como necesitan de la aprobación de los senadores.

La influencia del poder económico, por su vez, es algo más oscuro, pues son relaciones poco republicanas entre magistrados y los detentores de tal poder. En principio, los jueces no pueden tener cualquier relación de negocios con segmentos empresariales y congéneres.

Sin embargo, creo que la actual Constitución, promulgada en 1988, es la principal responsable por reforzar la independencia del poder judicial. La Constitución instituyó selecciones públicas de los integrantes de la profesión  de forma esencialmente técnica e impersonal por medio de los concursos abiertos a todos que tengan formación jurídica. Esto posibilitó una menor influencia de los factores exógenos, políticos y económicos, en la judicatura.

En principio, veo ese hecho como muy bueno, pues jueces pueden aplicar la ley y la Constitución de modo republicano e igualitario, aún ante importantes personas del establishment. Su consistente formación técnica, la poca dependencia de favores políticos y las garantías constitucionales, como que sólo puedan perder el cargo por sentencia judicial definitiva e inapelable, y que sólo puedan ser removidos por comprobado interés público, permiten a los jueces actuar con un alto grado de independencia.

Por otro lado, eso puede ocasionar un demasiado distanciamiento de los jueces en relación al “mundo real” de la política, de la economía y de la sociedad, y cierta incomprensión sobre ello y las vidas de las personas que van a juzgar. Es decir, eso ya ocurre cuando, por ejemplo, los tribunales se utilizan de dudosos atajos legales para aumentar en demasía sus propios salarios, sin considerar los recursos públicos disponibles en presupuesto, en especial en momentos de crisis económica, como el actual.

Pero en un país que hasta poco era conocido como un “paraíso de la impunidad”, los hechos actuales son muy positivos. Se están aplicando las leyes y la Constitución de un modo más igualitario, generalizado e impersonal. Eso es especialmente importante en la lucha contra la corrupción.

INFOBAE:

¿Siempre funcionó así la justicia en Brasil o es algo reciente? 

BRUNO GALINDO:

Es un fenómeno reciente.

En términos históricos, la corrupción tiene raíces profundas y es sistémica en Brasil. Luchar contra ella siempre fue difícil. En ciertos momentos se la ocultaba, como en los años de la dictadura (1964-1985), cuando las grandes empresas hoy investigadas en la Operación Lava Jato crecieron exponencialmente con contratos y relaciones nebulosas con el Estado, llenas de privilegios para parientes y aliados de los gobernantes. La vuelta de la democracia permitió mayor transparencia de las informaciones, pero eso no cambió demasiado aquellas relaciones, pues políticos y empresarios corruptos mantuvieron su influencia en el Estado a través de sucesivos gobiernos democráticos, hasta cuando de tendencias ideológicas distintas.

En la década pasada, la situación empezó a cambiar. El STF condenó una cantidad nunca antes vista de políticos con privilegio de foro y empresarios asociados. Ese hecho animó las jurisdicciones inferiores a también condenaren personas anteriormente consideradas intocables, cuyo principal desarrollo es la actual Operación “Lava Jato”, sin embargo de haber muchas otras investigaciones y procesos con objetivos parecidos.

Hay aspectos profundamente positivos en eso. Hoy veo cierto cambio de la cultura de impunidad en Brasil, dejando temerosos todos los que desean se beneficiar indebidamente del dinero público, lo que puede inaugurar una tendencia de desarrollo de prácticas institucionales más honestas. Eso es fundamental en el Estado democrático de derecho, ya que las más sólidas democracias del mundo son también notables por el bajo grado de corrupción, delito normalmente punido con rigor en ellas.

No obstante, eso no es algo libre de riesgos en Brasil. Cuando alcanza personas importantes en el establishment político, parece haber tentativas de instrumentalización política de las cuestiones criminales. La espectacularización de las investigaciones y los encarcelamientos pueden generar perjuicios. Hay abusos de autoridad y violaciones de garantías constitucionales, como parece haber ocurrido en el caso de la conducción coercitiva y el pedido de encarcelamiento a Lula. Con cierta frecuencia, hay selectividad de los medios de comunicación con interés ni siempre tan republicanos de beneficiar o perjudicar la imagen de político A o B, y los órganos del Estado, incluso los jueces, no están totalmente libres de direccionaren sus actuaciones de manera igualmente selectiva y arbitraria.

Creo haber un agravante en eso que es el hecho de Brasil nunca tener punido las prácticas criminosas de los agentes estatales del período de excepción, tal como ustedes hicieron en Argentina. Nunca ocurrió una efectiva justicia transicional en Brasil y el régimen dictatorial aún es muy bien visto por largos sectores de la población. Es común que actos arbitrarios e autoritarios sean tolerados, hasta aplaudidos por la sociedad, mismo cuando violan la Constitución. Y el judiciario, hoy con gran poder en sus manos, no está libre de proceder de modo autoritario, especialmente se considerarse “dueño” de la Constitución y no su guardián, como debe ser.

Pienso que aún tentamos llegar a un punto de equilibrio hasta la lucha contra la corrupción sea firme, pero sin violaciones de las garantías constitucionales por los jueces e órganos de investigación. Siempre es necesario recordar que, en una democracia, los fines no justifican los medios.

INFOBAE:

¿Por qué la justicia no se ha contaminado de la corrupción que parece generalizada en la política y en la economía?

BRUNO GALINDO:

Pienso que el grado de independencia de los jueces tiene una asociación directa con eso. Cierta distancia de las luchas políticas cotidianas, ausencia de necesidad de prestar cuentas a electores y una buena condición financiera son razones posibles para creer que el judiciario sea un poder más limpio se comparado a los demás.

Pero eso también debe ser visto con cautela. Creo que el judiciario brasileño sea verdaderamente compuesto en larga mayoría por jueces honestos y extremamente profesionales. Todavía, es poco transparente y demasiado corporativista. Sus integrantes se resisten a los controles externos. El Consejo Nacional de Justicia, creado en 2004, nunca fue aceptado por los jueces, a pesar de que ni siquiera es un órgano de control externo, pues nueve de sus quince integrantes son magistrados, y sus facultades disciplinarias son limitadas.

Otro punto delicado es la frecuente concesión de privilegios y lujos a sus propios integrantes, como una cantidad excesiva de beneficios extraordinarios en dinero y coches con guías a disposición, todo pago con dinero público. No es una buena práctica del judiciario brasileño en términos de administración de recursos financieros del Estado, especialmente en momentos de crisis económica como ahora.


Sin embargo, es verdad que casos concretos de corrupción y crímenes cometidos por jueces son raros, y tal vez por eso su credibilidad social sea significativamente mayor que la de los otros poderes. Es curioso que se trata del único poder que no tiene cualquier sumisión a los escrutinios populares, diferente de los poderes legislativo y executivo, siempre electos directamente por la población.

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